En más de una ocasión, desde la FOE hemos defendido la necesidad de reducir el déficit de las Administraciones públicas porque es la única manera de evitar distorsiones en el sistema económico, de ahí que hayamos aplaudido la política acometida por el Gobierno de España en orden a alcanzar el equilibrio presupuestario.
Y ello es así porque nos preocupa sobremanera que más de 35.000 millones de euros se vayan a dedicar este año al pago de los intereses de la deuda pública, que se sitúa en 700.000 millones de euros –el 70% del PIB, es decir de lo que producimos en el año-ya que esta inyección económica obligará a retraer recursos financieros del sistema bancario en detrimento de la financiación de las empresas.
Y no menos inquietud produce el hecho de que los ajustes que el Gobierno está acometiendo se hacen por la vía del incremento de la presión fiscal que nos afectará en términos de crecimiento e inflación, ya que la subida de impuestos –especialmente el IVA- y los recortes de gastos –entre ellos la disminución del salario de los funcionarios- harán que se intensifique la tendencia descendente de la actividad, con un drástica reducción del consumo.
La circunstancias, por tanto requiere que frente a una situación de depresión, las medidas tendentes ala reducción del déficit se conjuguen con fórmulas que estimulen la actividad económica que nos haga salir de ese escenario que sólo está destruyendo empresas y, por consiguiente, puestos de trabajo.
En esta línea, en el mes de julio ya advertimos que “a pesar de desconocer la cantidad que le va a corresponder a España del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento -acuerdo de los Estados miembro de la Unión Europea cuyo objetivo es facilitar y mantener la Unión económica y monetaria-, desde la FOE reclamamos que la dotación que se nos asigne tiene que dirigirse a la inversión pública productiva y arbitrar líneas de apoyo a las pymes, entendiendo que sólo así se podrá reactivar nuestra economía”.
Pero a fecha de hoy desconocemos si la cantidad asignada ha llegado a nuestras arcas y si es así a qué se ha destinado, ya que si antes era necesario, ahora lo es más dada la reducción ministerial que llevan aparejado los Presupuestos Generales del Estado y que se verá reflejada en la no ejecución de las obras públicas pendientes como es el caso, en nuestra provincia de la Presa de Alcolea, la Estación del Ave o la variante Beas-Trigueros.
En estas circunstancias, es de envidiar la política acometida en países como EEUU, donde su Reserva Federal ha lanzado un agresivo programa de estímulo con el objetivo de mejorar el crecimiento y el consumo y reducir el desempleo. Para ello, se ha aprobado la compra indeterminada de deuda hipotecaria por un valor de 40.000 millones de dólares (31.000 millones de euros) por mes hasta que se consigan los objetivos de crecimiento y empleo.
Sirva esta medida de ejemplo para nuestros gobernantes –especialmente los de Alemania y países del Centro y Norte de Europa y las propias instituciones europeas- que, sin mayor dilación, deben tomar la dirección correcta que no es otra –como hemos apuntado- que luchar contra el déficit, mantener la inflación y crear estímulo económico.
Otro destino que no sea conseguir tales objetivos nos causaría un daño del todo irreparable.
