La experiencia demuestra que la gestión privada –que no privatización- de las empresas públicas incrementa la productividad y eficiencia y mejora la calidad y diversificación de la oferta de bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Se consigue, además, introducir más competencia y estímulo en la economía, permitiendo un mayor crecimiento económico y una mayor satisfacción para los ciudadanos.
De esta forma, se cumple con lo establecido en la Constitución española donde en su artículo 103 recoge que “la Administración Pública debe servir los intereses generales de acuerdo con principios de eficacia”.
Las Administraciones ofrecen distintos tipos de servicios, desde los que se podían denominar propios (sanitarios, educativos, transportes…) hasta unos singulares (información, regulación…) y otros de carácter puramente administrativos. Tanto en unos como en otros hay que velar por la eficacia de los mismos por encima de cualquier otro propósito.
Viene esta reflexión a cuenta de la problemática que a nivel local estamos viviendo con la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) y, a escala provincial, con la empresa Gestión Integral Aguas Costa de Huelva (GIAHSA) cuyas dificultades económicas está llevando a sus gestores a plantearse una gestión empresarial privada de las mismas que permita frenar las pérdidas que están ocasionando en las arcas públicas.
No debe escandalizar a nadie esa gestión estratégica encaminada a la modernización de la gestión pública tradicional y tampoco estamos ante un hecho novedoso puesto que ninguna organización, sea pública o privada, es completamente suficiente y para el desarrollo de su actividad debe contar en más de una ocasión con otras entidades.
Además en el actual contexto de restricción del gasto, las empresas, una vez en manos privadas, realizan una mejor gestión empresarial, y a través de las mismas se podrán ingresar mayores impuestos por los beneficios mayores que generan.
Desarrollemos pues, políticas modernas que se adapten al entorno fuertemente competitivo que nos toca vivir, donde coste, calidad y eficacia deben marcar las pautas de comportamiento, y adoptar sin recelo ni traumas aquellas medidas que puedan alcanzar tales objetivos y la gestión privada del servicio público es una de ellas.
