El presidente de la FOE, Antonio Ponce ha participado en el seminario sobre la ‘Reforma de la Ley de Costas’, organizado por Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la de Huelva, donde ha defendido el marco de consenso que ha rodeado a la reforma de la Ley de Costas frente al Decreto Ley de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, cuyo trámite se ha desarrollado sin un diálogo previo con Ayuntamientos, agente sociales y económicos, etc.
Sobre el Plan de protección del Gobierno andaluz, Ponce ha manifestado que “llega en el peor momento, en el más inoportuno”, para añadir que “la inactividad que sufre el sector de la construcción como consecuencia de la crisis económica se verá aún más agravada con la entrada en vigor de esa norma que va dar al traste con el empleo que se pudiera generar, ya que va a suponer la paralización de numerosos proyectos que en el caso de Huelva se concretan en la zona más dinámica de nuestra provincia, la que discurre entre Almonte y Ayamonte”.
AHUYENTAR A LOS INVERSORES
Pero, sobre todo, “y lo que es más grave”, ha advertido Antonio Ponce, “conseguiremos ahuyentar a los inversores hacia territorios donde se legisle de forma más segura y previsible”.
EL presidente de los empresarios de Huelva ha reclamado que “más que nuevas normas que ‘estrangulen’ al sector, lo que este necesita es que se abonen las deudas que la Administración tiene pendientes con las constructoras andaluzas e impedir el cierre de empresas y la destrucción e empleo”.
REFORMA DE LA LEY DE COSTAS
No merece para la FOE la misma opinión el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral previsto por el Gobierno de España -la primera reforma de calado de la Ley de Costas desde que entró en vigor en 1988- por cuanto que –según Antonio Ponce- “aportará mayor seguridad jurídica a las relaciones en el litoral e incluye muchos aspectos beneficiosos para dinamizar la actividad económica, compatibilizando con eficaces medidas de protección, llevada a cabo a través de un amplio proceso de participación ciudadana”.
“Este borrador de Ley –continúa- todavía tiene que seguir un largo trámite para su aprobación definitiva, por lo que cabe se siga avanzando en mejorar el actual texto, en aras a lo que es nuestra permanente reivindicación hacia los poderes públicos, que no es otra que la certidumbre y la seguridad jurídica”.
Esta valoración positiva que hace la FOE coincide con la realizada por la propia Comisión Europea al manifestarse a favor de la misma, por considerar que «ofrece una mayor seguridad jurídica, a la vez que protege eficazmente el medio ambiente”. La propia vicepresidenta de la Comisión ha dicho: «Es una buena noticia para la economía española. Los ciudadanos y las empresas europeas tendrán más confianza a la hora de invertir».
