El Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre aprobó un primer paquete de ajuste económico -“el inicio del inicio”, en palabras de la Vicepresidenta del Gobierno-, que supondrá rebajar en quince mil millones de euros el déficit del Estado durante 2012, al que, según parece, seguirán otras medidas de ajuste para conseguir rebajar en otros 20.000 millones de euros la desviación sobre el 6% previsto a la finalización de 2011.
Dentro del conjunto de disposiciones aprobadas destaca, por no haber sido contempladas, ni en el programa electoral del PP, ni en el discurso de investidura del Presidente, Mariano Rajoy, las relativas al incremento en el IRPF y al Impuesto de Bienes Inmuebles, por lo que estamos ante unas decisiones, sin duda, valientes, pero con un fuerte componente de impopularidad que podrán tener repercusiones electorales en la medida en que con ellas y, con las que deban venir en el futuro, se alcance o no la ansiada recuperación económica.
La buena noticia desde el punto de vista empresarial es que no se ha modificado el Impuesto de Sociedades y, de momento, se mantiene el compromiso de que el IVA se liquide en el momento del cobro de las facturas, pero no es menos cierto que los efectos de los incrementos en el IRPF y en el IBI producirán una disminución en la capacidad de compra de los ciudadanos, por lo que hay que presumir que el consumo de las familias se va a restringir y no va a contribuir a la recuperación en 2012.
Otras medidas, como la disminución de los recursos de Ministerios inversores, como el de Fomento o los dedicados a la investigación, también levantan dudas sobre la capacidad de coadyuvar a la reactivación económica, por lo que este primer paquete sitúa al Gobierno en la encrucijada de haber apostado por la reducción del déficit público a costa de retrasar el fomento de la actividad económica y la recuperación.
En todo caso hay algunos aspectos que, desde la responsabilidad con las empresas, es necesario poner de manifiesto aquí y ahora.
La mayor recaudación que se obtendrá por el incremento del IRPF se va a dirigir en un 50% a las Comunidades Autónomas. La totalidad de la mayor recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles va a ir a parar a los Ayuntamientos. ¿Se va a emplear esta mayor financiación de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a hacer frente al pago con los proveedores?, o, por el contrario, ¿aliviada la situación de tesorería se va a entrar en una nueva carrera de incremento del gasto público corriente y… vuelta a empezar?
Como empresarios, que nos estamos viendo afectados por la morosidad de las Administraciones Públicas y por la falta de financiación por parte de las entidades financieras, ya que éstas están dedicando los recursos que obtienen a mejorar sus balances o a comprar la deuda del Estado, tenemos que exigir, como deben hacer el resto de los ciudadanos españoles, que el Gobierno apruebe a la mayor brevedad posible el Proyecto de Ley que desarrolle la Reforma Constitucional pactada el pasado verano, a fin de establecer el techo de gasto en que pueden incurrir las distintas Administraciones y una normativa que establezca la responsabilidad de los administradores públicos cuando superen dicho límite sin que exista dotación presupuestaria previa.
Las distintas Administraciones del Estado tienen que saber que no pueden gastar de forma descontrolada y los ciudadanos tenemos que exigir que su peso en la actividad económica sea el imprescindible para mantener, con eficiencia empresarial, los servicios que conforman el llamado ‘Estado del Bienestar’ (Educación, Sanidad, Seguridad Pública, Dependencia, Infraestructuras) al objeto de que haya más recursos disponibles para particulares y empresas,
Por lo tanto, ante la encrucijada económica en la que el nuevo Gobierno se ve inmerso -la necesidad de reducir déficit e incentivar el crecimiento económico- no tenemos más remedio que seguir haciendo llamamientos a la austeridad y a la eficiencia de la Administración, a la necesidad de que se arbitren medidas urgentes para que se pague a los proveedores y las reformas financieras necesarias para que el crédito fluya de una vez por todas con el suficiente dinamismo y cantidad para que ni una empresa viable más pueda llegar a desaparecer por falta de financiación.
