A pesar de los avances realizados en los últimos meses, el Gobierno de Rajoy no debe relajar su compromiso con la agenda de reformas estructurales tendentes a flexibilizar y modernizar la estructura económica española.
Entre la iniciativas acometidas, los empresarios hemos valorado positivamente la acción del Gobierno en el Eurogrupo, cuyo resultado es el reciente acuerdo mediante e cual se concede a España una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar la parte más frágil de nuestro sistema financiar que permitirá recuperar la confianza en la economía española y en el proyecto común del euro.
Un objetivo que no se conseguirá si los fondos no llegan pronto a las entidades que lo precisen y sirvan de manera efectiva a facilitar la financiación de pymes y particulares, cumpliendo así con una función esencial para la reactivación económica de España, favoreciendo la recuperación del crédito, el crecimiento y la creación de empleo.
En este mismo capítulo económico, y a pesar de desconocer la cantidad que le va a corresponder a España del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento valorado en más de 120.000 millones de euros, desde la FOE hemos reclamado que la dotación que se nos asigne tiene que dirigirse a la inversión pública productiva y arbitrar líneas de apoyo a las pymes, entendiendo que sólo así se podrá reactivar nuestra economía.
De forma igualmente positiva se ha valorado el paquete de medidas destinadas a reducir el déficit público anunciadas recientemente por Gobierno de España con las que se intenta responder a las recomendaciones específicas, adoptadas por el pasado Consejo Europeo, semejantes a las realizadas para otros Estados miembros, como Francia e Italia.
Sin embargo, otras medidas como la subida del IRPF, el IVA o la desaparición de buena parte de las bonificaciones del Impuesto de Sociedades son contrarias a nuestros planteamientos pero somos conscientes que en tiempos tan complicados hay que acatarlas por el bien general.
La grave situación que vive la economía española, lejos todavía de la ansiada recuperación, con un crecimiento en tasas negativas, una demanda interna muy deteriorada y una tasa de paro casi en máximos históricos, exige al Gobierno de España continuar con las reformas más urgentes que deben contribuir a acabar con un mal endémico: la falta de crecimiento que mantiene inmovilizada a la economía desde hace cinco años.
Las acciones que aún quedan por abordar son determinantes si queremos generar oportunidades que lleven aparejado el empleo que hoy necesitamos. Entre ellas destacamos la importancia de promulgar la Ley de Unidad de Mercado y la de Emprendedores; modernizar la negociación colectiva; ayudar a posicionar a nuestras empresas en el exterior; el necesario redimensionamiento del sector público; la agilización del sistema judicial; la reforma de la educación; y el diseño de un modelo estable y competitivo.
Si conseguimos fijar un rumbo preciso, combinado con un conjunto de reformas competitivas, resultará más fácil disipar nuevas incertidumbres dentro y fuera de nuestras fronteras y conseguir ganarnos la confianza de los inversores.
