Frenar el desarrollo provincial parece ser el deporte por excelencia que más se practica en Huelva. No hay noticia relacionada con nosotros que no lleve aparejada una situación de perjuicio para nuestros sectores económicos que lejos de encontrar un ambiente proclive a su consolidación o expansión viven situaciones de incertidumbre que atenazan diariamente su desarrollo.
Nos gustaría equivocarnos en nuestro pronunciamiento, pero un nuevo ejemplo respalda desgraciadamente tal afirmación: la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana aprobada.
Ha sido este un asunto que ha pasado muy de soslayo por parte de sus promotores, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medioambiente, que es quien ha realizado tal propuesta que tendrá graves e irremediables consecuencias para los sectores agrícolas y turísticos como ya ha puesto de relieve la FOE en las alegaciones que presentó en su momento oponiéndonos a tal medida.
Varios son los motivos que justifican nuestra oposición. El primero, porque entendemos que los niveles de protección actuales son los adecuados, como lo demuestra la buena salud de que goza el Parque y que sería mucho mejor si se hubiese realizado ya el trasvase de agua al Condado para evitar utilizar el acuífero 27.
En segundo lugar, el descomunal incremento en el número de hectáreas. Pasar de 77.260 a 255.000, es decir incrementar el área de protección en 150.000 hectáreas, lo que supone incluir a la totalidad de la superficie de 11 municipios -Almonte, Aznalcazar, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamnrique de la Condesa- nos parece una propuesta fuera de cualquier lógica a pesar que estos municipios han bendecido la propuesta quizás bajo la ‘falsa promesa’ de que la hipoteca que va a suponer esta decisión se va a compensar con subvenciones que llegarán de la UE.
En tercer lugar, y este punto tiene que hacer reflexionar a todo el mundo, se contempla la posibilidad de realizar expropiaciones y compras de terreno a los particulares. No hay que ser ningún avezado para temer que en los próximos años se inicie una política de ‘presión’ hacia los propietarios privados para ‘expulsarles’ del territorio, al objeto de seguir incorporando suelo a la titularidad pública.
En cuarto lugar, tiene que preocuparnos también que cuando en la Memoria se pregunta cuáles son las amenazas ambiéntales se señala como tales a la actividad turística y a la agrícola. Este es un indicador más que, unido al anterior, pone de manifiesto que en estas nuevas hectáreas que se van a incorporar, la Administración medioambiental va a ejercer la ‘tutela’ necesaria para que esas actividades dejen de ser un riesgo para el medioambiente.
Y hay un último argumento de peso. El Parque , tras esta ampliación, va quedar a las puertas de Palos de la Frontera y de Moguer y, por la tanto, la actividad industrial y portuaria se podrá fotografiar a escasos metros de esta figura medioambiental, lo que nos traerá presión exterior de las organizaciones conservacionistas que puede llegar a producir que en una nueva renovación del recono0cimiento de la UNESCO de Doñana como Reserva de la Biosfera se plantee la supresión de dichas actividades económicas esenciales para la provincia de Huelva.
