La Asociación Provincial de Empresarios de Comercio y Servicio de Automoción de Huelva (COMSEAUTO) y la Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Vehículos Turismos de Huelva (CONCETUR), las cuales engloban a mas de 300 empresas y unos 5000 puestos de trabajo, han manifestado a través de su Secretario General, Fernando J. Pérez Lozano, la preocupación de este sector ante el elevado número de actividades ilegales que la situación actual de crisis está provocando.
Después de haber celebrado reuniones con empresarios cuya actividad es la automoción de las localidades de Almonte, La Palma, Moguer, Trigueros, Aracena y Huelva, se ha recabado información sobre las incidencias y puntos de economía sumergida, la cual, entre otras graves consecuencias, conlleva a una total ausencia de los derechos de los consumidores y usuarios y una gran inseguridad de todas las reparaciones realizadas, además de daños medioambientales.
Del mismo modo, el sector ha puesto de manifiesto la pasividad de los servicios de inspección de las diferentes administraciones públicas, que hacen caso omiso de las más de 200 denuncias presentadas por Comseauto y Concetur de todas aquellas actividades ilegales de las que tiene conocimiento tanto en Huelva como en la provincia, ante Ayuntamientos y las Delegaciones Provinciales de Economía, Innovación y Ciencia, Medio Ambiente y Empleo de la Junta de Andalucía, así como ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero sí llevan a cabo inspecciones de oficio que tienen como objetivo los talleres que ejercen su actividad dentro de la legalidad.
Asimismo, dado que Comseauto y Concetur siempre han manifestado su rechazo a la competencia desleal y a la economía sumergida, van solicitar un encuentro con el Delegado Provincial del Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez, para poner en su conocimiento esta situación y hacerle partícipe de las acciones llevadas a cabo por las dos asociaciones para impedir estas prácticas que tanto perjudican a los talleres legalmente establecidos, con la presentación de las denuncias que hasta la fecha han sido registradas ante las diferentes administraciones y de las que no se han tenido respuesta.
Ante estas circunstancias, las dos asociaciones empresariales representativas del sector, están dispuestas a llevar este asunto hasta las últimas consecuencias en defensa de sus legítimos intereses, para defender sus empresas y puestos de trabajo, no descartando en caso de ser necesario, el exigir responsabilidades a aquellas administraciones que incurran en dejadez de sus funciones de control y vigilancia.
