El pasado 31 de enero, en la sede de la Confederación Empresarios de Pontevedra (Vigo), organizaciones empresariales y entidades transfonterizas celebraron un encuentro para tratar implantación de peajes en las antiguas SCUT portuguesas. En dicho encuentro se elaboró el siguiente documento:
1º.- Las organizaciones presentes vienen manifestando reiteradamente su rechazo al sistema de implantación de peajes acordado por el gobierno luso, especialmente en lo referente al sistema diseñado para su cobro.
La decisión de establecer peajes, en los espacios transfronterizos, si bien entendemos que forma parte de la soberanía de cada estado, sin embargo, consideramos que el modo y el momento (ante una situación de crisis), constituyen un “claro error político”, ya que genera graves perjuicios a los sectores económicos (especialmente transporte, comercio y turismo) y a los intercambios comerciales de unos territorios ya de por si penalizados por la histórica falta de inversiones, su carácter periférico y el efecto frontera que aún persiste.
2º.- El incomprensible sistema ,implantado por al gobierno anterior de Portugal y desarrollado por el actual, no solo supone un grave impedimento a la movilidad, sino que es contrario a los principios y libertades fundamentales que proclama la Unión Europea, al tiempo que dificulta el desarrollo de los compromisos internacionales adquiridos entre España y Portugal en el Tratado suscrito entre ambos países en Valencia, el 3 de Octubre de 2002, una vez que no ha sido tomada en consideración la opinión de las Comunidades de Trabajo que integran los gobiernos regionales españoles y las comisiones de coordinación, organismos dependientes del propio gobierno portugués; ni, por supuesto, las de las organizaciones sociales, empresariales o políticas, que participan en las citadas Comunidades de Trabajo, lo que esta ocasionando graves perjuicios al interés general, económico y social, creando un grave precedente contrario a la cohesión transfronteriza y a la libre circulación de personas y mercancías en el mercado único europeo.
3º.- Es necesario traer a colación la Directiva 2004/52/CE, de 29 de abril de Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras de la Unión Europea, que señala lo siguiente: “Se deben suprimir las barreras artificiales que dificultan el funcionamiento del mercado interior, respetando al mismo tiempo la posibilidad de que los Estados miembros o la Comunidad apliquen diferentes políticas de tarificación a los diversos tipos de vehículos a nivel local, nacional o internacional. Los equipos instalados a bordo de los vehículos deben permitir la aplicación de estas políticas de tarificación viaria, respetando los principios de no discriminación entre los ciudadanos de los distintos Estados miembros. Así pues, es necesario garantizar cuanto antes la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje a escala comunitaria.”
Por lo tanto, al no permitir que en una situación ordinaria los conductores con vehículos con matrícula europea no portuguesa no tengan igualdad de acceso a los medios de pago, ni la información necesaria para acceder, el sistema implantado por el Gobierno Portugués supondría, en la práctica, una discriminación entre los conductores de vehículos con matrícula portuguesa y los conductores de vehículos con matrícula de países de la Unión Europea .
Asimismo, y derivada de esta situación, se produce una asimetría entre las exenciones a los vehículos nacionales y aquellos otros, que no pueden beneficiarse de dichas exenciones, exclusivamente por los sistema de pago, o por haberse diseñado un sistema basado en la ubicación territorial del vehiculo o de su conductor, lo que puede constituir una clara vulneración de las reglas de competencia y Mercado Interior, así como una ayuda de estado encubierta, totalmente incompatible con las directivas comunitarias.
4º.- El resultado es que el sistema portugués, en vez de homogeneizar los medios de pago con los ya existentes, limita el uso de sus autovías a aquellos vehículos que dispongan de sus dispositivos, algo que no se produce en ningún Estado miembro de la Unión Europea, restringiendo la movilidad no solo de empresas entre España y Portugal, sino también de los ciudadanos entre estos países.
5º.- A fecha de hoy persiste la situación caótica y de inseguridad jurídica que se ocasiona a los conductores, tanto particulares como profesionales españoles y del resto de Europa, al cruzar la frontera.
Así una vez se cruzan cualesquiera de las fronteras lusas, la información sigue siendo deficiente, por lo que, en muchos casos, se accede inevitablemente a las autovías portuguesas sometidas a peaje sin haber podido pagar la misma, lo que convierte, en la práctica, a la mayoría de los conductores en “presuntos infractores” por circular por una autovía sin haberse satisfecho el peaje establecido. Para poder abonar el peaje, hay que desplazarse a las localidades próximas a las autovías en busca de máquinas automáticas que permiten el pago del peaje, las cuales no se encuentran asistidas por personal alguno, y con la paradoja de que en muchos casos sólo hay instalada una máquina en las fronteras, pese a que la circulación diaria que cruza alcanza los 10.000 vehículos, en algunos puntos fronterizos. Según la queja que hemos recibido de numerosos conductores profesionales, dichas máquinas no siempre se encuentran operativas y, además, impide introducir muchos de los trayectos a realizar, por lo que, en la práctica, el propio sistema induce a infringir la norma.
Por todo lo expuesto, SOLICITAN:
1. Introducir, con carácter inmediato, el sistema de viñetas electrostático prepago para viajeros esporádicos, que se utiliza con éxito desde hace años en Suiza. Austria o Bulgaria. Dichas viñetas deben ser distribuidas en puntos próximos a las fronteras, tanto en España como en Portugal.
2. Se insta la eliminación de los peajes en los tramos de autovías próximos a las fronteras para evitar los actuales perjuicios en el ámbito de la cooperación transfronteriza y por suponer un retroceso en los avances conseguidos en la integración y cohesión territorial económica, social y cultural.
3. Instar a los autoridades competentes a adoptar un acuerdo político para la creación de Áreas Transfronterizas de Intercomunicación libres de peaje, al objeto de incentivar los intercambios y relaciones fronterizas.
4. Introducir en la agenda de la próxima Cumbre Ibérica la interoperabilidad inmediata de
los sistemas de peajes de la Península con el objetivo de reducir la congestión, los retrasos, los accidentes habituales y fomentar la libre circulación de empresas y ciudadanos en ambos países, así como, al objeto de coordinar los sistemas de bonificaciones en ambos países para los ciudadanos de uno que circulen por motivos laborales o comerciales en el otro.
5. En todo caso, cualquier sistema de peajes ha de ser transparente y no discriminatorio. Concretamente, en el sector del transporte, con respecto a la nacionalidad del transportista, al país o lugar de establecimiento de la empresa, de matriculación del vehículo o del origen o destino del transporte. No deben provocar distorsiones de la competencia en el mercado interior.
6. El sistema de recaudación de los peajes o tasas, en ningún caso, ha de poner en una situación de desventaja injustificada, económica o de otro tipo, a los usuarios no habituales de la red de carreteras.
7. Crear una Estructura (órgano o comisión) Permanente de Defensa de las Áreas Transfronterizas, en el que estén representadas las Administraciones Públicas (nacionales, autonómicas y/o locales) Españolas y Portuguesas, las organizaciones empresariales y aquellas entidades públicas o privadas vinculadas a la promoción y defensa de los intereses transfronterizos.
D. José Manuel Fernández Alvariño, Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP); D. José María Cunha Costa Presidente del Eixo Atlántico y Alcalde de Viana do Castelo; D. Rafael Ávila García, Secretario General de la Federación Onubense de Empresarios (FOE); D. António Manuel Rodrigues Marques, Presidente da Direcçao da Associaçao Industrial do Minho (AIMinho); D. Luís Ceia, Presidente de la Associaçao Empresarial de Viana do Castelo (AEVC); D. José García Costas, Presidente del Consello de Cámaras de Galicia y de la Cámara de Comercio de Vigo; D. Fidel Martínez González, representante de la Confederación Empresarial de Ourense y Presidente de la Asociación de Transportes de Viajeros por Carretera de Ourense; D. José Mañas Gómez, Vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías de Pontevedra (ASETRANSPO); D. Gumersindo Alonso Gestoso, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tui; D. Antonio Manuel Gómez Rivera, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra; D. José María de Cabo Landin, Vicepresidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de la Provincia de Pontevedra (ASEHOSPO).
NOTA: Las organizaciones presentes acuerdan dar traslado del presente documento al Presidente de la Comisión; al Primer Ministro del Gobierno Portugués; al Primer Ministro del Gobierno Español; a la Ministra de Fomento del Gobierno Español; y, finalmente, solicitar, con la mediación del Presidente de la Xunta de Galicia, una audiencia formal al Primer Ministro Portugués.
