No sólo la realidad empírica lo demuestra a diario, son también los numerosos estudios realizados en el ámbito de las Universidades, los que ponen de manifiesto que una sociedad es más rica, más próspera, cuanto más empresarios y más empresas tiene.
La empresa es una herramienta creada por la sociedad para la producción de los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades como seres humanos. En la producción de dichos bienes necesita emplear a persones, es decir, crea empleo y a resultas de todo ese proceso, pago de salarios, beneficios empresariales, los Estados, a través de los impuestos con los que gravan a estos agentes, pueden luego ofrecer otros servicios públicos que hoy nadie discute como son la sanidad, la educación, la seguridad o las infraestructuras públicas.
Salir de la actual crisis económica no será posible si la actuación de nuestros gobernantes se queda sólo en la aplicación de reformas del sistema financiero, por otra parte necesarias, y en los recortes, algunos también imprescindibles. Un país de 47 millones de habitantes, con una tasa de paro de más del 25% requiere atender una prioridad que no es otra que crear empleo, creciendo así al ritmo que lo hacen economías de nuestro entorno con una estructura muy semejante a la de España.
En anteriores ocasiones hemos puesto de manifiesto que además de las medidas que se estaban adoptando era necesario que la financiación llegará también a las empresas y a los consumidores.
Hoy queremos centrar nuestro análisis en poner de manifiesto unas prácticas que, junto con la falta de liquidez y el retraso en el pago por parte de las Administraciones a sus proveedores, están contribuyendo al cierre de muchas empresas.
La Administración pública, en su lógico y legítimo interés en cobrar a ciudadanos y empresas los impuestos reglamentariamente establecidos o las cotizaciones a la seguridad social, vienen actuando con las mismas herramientas que en tiempos de gran prosperidad. Nos estamos refiriendo al instrumento “devorador” consistente en la ejecución de órdenes de embargo en la mayoría de las veces por valor muy superior a las deudas contraídas y sin tener en cuenta, en muchas ocasiones, la existencia a su vez de deudas de las Administraciones con esas mismas empresas.
Dentro de las potestades que la legislación ha otorgado a los responsables de las distintas recaudaciones de la Administración, es más preocupante la práctica del embargo de todas las cuentas corrientes de la empresa, y por la totalidad de los saldos en ella existente, con independencia del volumen de la deuda tributaria.
Como todo el mundo comprenderá, esta práctica conlleva inexorablemente a la paralización total de la empresa, colapsándola económicamente, creándole problemas añadidos al verse obligada la entidad financiera a devolver facturas u otro tipo de compromisos económicos cuyo pago debería realizarse en la fecha en que se ha producido el embargo, lo que produce a su vez, un deterioro de la imagen de solvencia de la empresa ante sus proveedores y, en más de una ocasión, llegar hasta la extinción de la misma. Y todo ello, a pesar de que la Ley determina taxativamente que “no se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución”
Reclamamos desde nuestras filas que la Administración agote todas las posibilidades de acuerdo con los sujetos deudores, dando cuantas facilidades sean necesarias para que las empresas puedan seguir subsistiendo. De nada vale, para el conjunto de la economía de España, cobrar una determinada deuda si con ello llevamos al cierre a la empresa y al desempleo a sus trabajadores. Y desde luego, no podemos estar en absoluto de acuerdo en la práctica común del embargo preventivo de todas las cuentas corrientes por la totalidad de su saldo cuando la deuda es inferior al importe de las mismas.
Y si para ello es necesario modificar la normativa que regula estas prácticas de los Administradores públicos, habrá que hacerlo incluyéndola en el paquete de reformas que el Gobierno de España viene acometiendo para salir de la crisis económica.
En suma, se trata de darle, por encima de todo, una salida a las empresas, buscarle la más mínima oportunidad para sobrevivir, evitar su desaparición….. porque es una irresponsabilidad en estos tiempos querer cobrar a cualquier precio una deuda que con toda seguridad se ha producido por factores ajenos al propio empresario, como puede ser el propio retraso en el pago de las Administraciones públicas.
