La problemática puesta en relieve hace algunos meses por las empresas auxiliares de la industria es ahora experimentada en primera persona por el sector de la limpieza que están viendo como el incumplimiento del convenio colectivo del sector está teniendo dos efectos inmediatos: la proliferación de la competencia desleal y la precariedad laboral.
Así lo ha denunciado hoy el secretario general de la Asociación provincial de Limpiezas de Edificios y Locales, Rafael Barba, que estaba acompañado por Antonio Expósito, secretario general de FES-UGT Huelva Fernando Parrillo, vicesecretario general de FES-UGT Huelva y Antonio García, secretario institucional de ese mismo sindicato.
Según se ha puesto de manifiesto, el incumplimiento del convenio colectivo del sector supone para el tejido empresarial una quiebra del principio de competencia, para los trabajadores una situación de precariedad laboral e incremento de los riesgos laborales y para el conjunto de la sociedad una vulneración de las reglas del juego establecidas, con graves efectos también para la Hacienda Pública.
El aumento del desempleo, las subidas de impuestos y los descensos en el consumo han provocado esta situación de crecimiento de la economía sumergida practicada por aquellos que ni siquiera están dados de alta legalmente y que, por añadidura, dificulta aún más la labor de quienes pagan religiosamente sus impuestos y que hoy, reunidos en la FOE, han expresado su hartazgo y su intención de pasar de una “acción contundente”.
Según han anunciado FOE y UGT, ya han mantenido una reunión tanto con el Subdelegado del Gobierno como con la Inspección de Trabajo para buscar su colaboración actuando contra las empresas que incumplen el convenio colectivo. Además en los próximos días se podrá en marcha el plan de actuación que contempla la visita a instituciones y organismos públicos a fin de que se sensibilicen con el sector y estén vigilantes a la hora de realizar contrataciones de servicios, para que no liciten concursos por debajo del pliego de condiciones tal y como está sucediendo actualmente.
En este sentido, se insiste en que subsidiariamente la entidad contratante es responsable de la situación ilegal de su contratada.
