Que Andalucía necesita un plan de mejora de la competitividad es una de las frases más repetidas en la FOE, no ahora a tenor de las circunstancias que estamos viviendo, sino desde hace muchos años atrás, entendiendo que nuestra economía necesita de una serie de ajustes imprescindibles que la hagan posicionarse en el mercado con éxito.
Viene ahora a darnos la razón el último informe de una prestigiosa institución como es el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) que reclama un “programa de ajuste y competitividad para Andalucía”.
Según este informe, “la crisis económica está sacando a la luz las limitaciones de la economía andaluza: tanto la producción como el empleo están sufriendo más intensamente los estragos de la crisis que en los países y regiones de nuestro entorno, y las perspectivas de recuperación son lejanas y más débiles. Un panorama preocupante que puede conducir a una notable reducción de nuestro nivel de vida, al aumento del paro hasta cotas extraordinarias, a la emigración y a potenciales conflictos sociales”.
“La política –continúa el documento- económica andaluza no se enfrenta a problemas coyunturales, sino a sus limitaciones competitivas y a las consecuencias de los excesos y desajustes del paso reciente. Se exige por tanto una política de largo alcance para entrever un futuro de prosperidad a medio plazo.
En coherencia con el diagnóstico, deben abordarse dos tipos de políticas con carácter prioritario: una política de ajuste para corregir los desequilibrios económicos, y una política de competitividad que permita mejorar la capacidad de nuestro sistema productivo para generar rentas y empleo”.
En cuanto a los ajuste, el OEA propone: ajustar el empleo público; reducir el número de consejerías, direcciones generales, delegaciones provinciales y consejos y otras entidades; prescindir de las Diputaciones Provinciales e integrar Ayuntamientos de reducido tamaño; abordar una reforma en profundidad de las empresas, agencias y otros entes públicos adscritos a las administraciones andaluzas, suprimiendo los innecesarios; adecuar el Estado del Bienestar a las posibilidades reales de financiación; estimular el alquiler de viviendas; revisar el mantenimiento de subvenciones generalizadas a actividades culturales y sociales; reformar el sistema de financiación autonómica, al ser Andalucía la comunidad autónoma con menor financiación por habitante, detrás de Canarias; y aprobación de una Ley de Financiación de Entidades Locales que se adapte a los cambios demográficos y a la necesidad de cubrir los servicios públicos básicos.
Sobre la política de competitividad, desde el Observatorio se insta a favorecer la ampliación y mejora del tejido productivo, “lo que exige –manifiestan- recursos humanos mejor cualificados, más empresas, de mayor tamaño y más abiertas a la competencia internacional, innovación y desarrollo tecnológico, un marco normativo más simplificado y estimulante para la actividad productiva e instituciones públicas eficientes”.
Las líneas de actuación que se propone pasa por facilitar la actividad de la empresa y favorecer el reconocimiento social de su función, máxime en Andalucía donde la iniciativa empresarial es un valor escasamente apreciado. En el fortalecimiento de la base empresarial, y dada la preponderancia de empresas de tamaño reducido, las administraciones deben favorecer los procesos de concentración y colaboración empresarial, así como su internacionalización.
“El apoyo público a las empresas se viene identificado con la política de subvenciones y otros instrumentos financieros; política que en muchos casos ha sostenido a empresas ineficientes y que ha beneficiado más a buscadores de rentas que a los verdaderos emprendedores. Por ello, se hace necesario evaluar estas ayudas y limitarlas a las actividades que generan externalidades positivas, como las empresas tractoras, las actividades de innovación, la apertura de nuevos mercados, etc”.
Además, desde la OEA se hace un llamamiento a reorganización de las administraciones públicas, proponiéndose: la transparencia en la gestión pública; adaptar la normativa y práctica de la gestión pública a los mejores estándares europeos; profesionalizar la función pública; aplicar las nuevas formas de gestión pública generalizadas en los países más desarrollados; y valuación obligatoria, pública e independiente de las políticas y los servicios públicos
En relación a las políticas de empleo y capital humano, la OEA aboga por “rediseñar el Servicio Andaluz de Empleo, evaluar con rigor las políticas de formación, eliminar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (antiguo PER), replantear el mapa universitario andaluz e introducir el cheque escolar, entre otras actuaciones”.
