Después de casi tres décadas de trabajo infatigable por la cooperación y el desarrollo de dos regiones fronterizas, Andalucía y el Algarve, todo lo conseguido a lo largo de ese tiempo que no es poco, a juzgar por las relaciones comerciales y el desarrollo turístico entre ambas regiones, puede irse al traste con la implantación del peaje en la A22 que recorre el sur de Portugal, entre Lagos y Castro Marim, que se convertirá, si no lo remedian las autoridades de uno y otro país, en una barrera entre ambos territorios, como en su tiempo lo fuera el río Guadiana.
El revuelo que en estos últimos días se ha levantado por la medida adoptada por la República portuguesa ya fue advertida por la FOE en el mes de octubre del 2010, convirtiéndose así en la primera voz que se alzaba para advertir sobre las consecuencias de esa medida, consecuencias que nuestro secretario general, Rafael Avila, tuvo oportunidad de trasladar a la Gobernadora Civil de Faro por esa época, Isilda Gomes, con motivo de la visita de esta autoridad a la Feria del Mar (FAMAR) de Isla Cristina.
Un año después, y pese a la alerta de la FOE, nuestras autoridades no han sido capaces, a lo largo de más de un año, de trabajar codo con codo con la Administración portuguesa en orden a minimizar el impacto que tal medida pueda tener en sectores como el comercio, el trasporte y el turismo.
Tres motivos nos llevan a rechazar de plano la medida: el alto coste que supone –teniendo que pagar hasta 20 euros, por ejemplo, para un desplazamiento al aeropuerto de Faro; la complejidad del sistema impuesto, al tener que adquirir un dispositivo fuera de la ruta y no con abono en metálico o con tarjeta, como es habitual en cualquier autovía; y la discriminación que se impone entre ciudadanos europeos, ya que los portugueses que tengan su residencia o domicilio social en el área de influencia de la autopista obtendrán una serie de exenciones y descuentos en las tasas, cosa que no se contempla para los españoles y concretamente para los onubense.
Además, y trascendiendo al ámbito comunitario, la Unión Europea no puede consentir que una autovía que fue construida con sus fondos para favorecer la cooperación transfronteriza entre países miembro de la UE, y que supone actualmente la única conexión directa que existe entre España y Portugal por la zona más meridional y, por tanto, más alejada de los grandes centros económicos europeos, se convierta en una barrera a la libre circulación de personas y mercancías.
De forma inmediata habrá que dar una solución a los inconvenientes causados y no valorados por las autoridades portuguesas que pueden convertir el peaje en una auténtica barrera al desarrollo socioeconómico de dos territorios obligados a entenderse: Andalucía y el Algarve.
Portugal, nadie lo duda, tiene soberanía para hacer lo que ha hecho, pero alguien tiene que exigirle que mejore la N125 para que pueda ser utilizada para quienes no puedan o no quieran pagar el peaje.
Y, por supuesto, esta decisión soberana del gobierno portugués, pone de manifiesto la necesidad de no seguir defendiendo el aeropuerto de Faro como vía de acceso para los turistas centroeuropeos que lleguen a Huelva.
Contar con un aeropuerto propio, hacer el de Sevilla más competitivo, mejorar el acceso al aeropuerto de Jerez, facilitando la comunicación entre Huelva y Cádiz, pendiente de finalizar el tramo Hinojos-Lebrija…….se presentan, entre otros, como los grandes retos que todos tenemos que abordar sin demora y buscar las soluciones más viables y realistas, en el menor plazo de tiempo posible.
