CEOE, CEPYME, CCOO y UGT han firmado el nuevo ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, un acuerdo que contempla una abundante batería de medidas para combatir la crisis económica y el desempleo.
Nuestro país, como todos los de nuestro entorno, está sufriendo cambios drásticos en los últimos tiempos. La adaptabilidad al medio y a las circunstancias es lo que ha hecho que el ser humano continúe sobre la tierra. Pero las sociedades –más cuanto más desarrolladas- son, como las personas, extraordinariamente acomodaticias. Y sus gobiernos –todos-, parcos en la asunción de riesgos.
Contentar a todos es difícil, legislar a gusto de todos, imposible.
Pero en el mundo de las relaciones laborales, a diferencia de otras parcelas del derecho, existen instituciones representativas capaces de unificar legítimamente criterios de millones de empresas y trabajadores afectados y, consecuentemente, de adoptar decisiones y acuerdos legítimos y vinculantes.
Acuerdos, como éste último, de vital importancia para la adaptación de todo el país a los nuevos y vertiginosos tiempos, acuerdos que sin ellos no hubieran sido posibles: Contención salarial muy por debajo de la inflación prevista, inaplicaciones incluso de estos parcos incrementos para épocas de crisis en situaciones críticas, descuelgues de regímenes salariales, posibilidad de firmar convenios de empresa por debajo de los convenios sectoriales provinciales, mayor adecuación y flexibilidad en las imprescindibles modificaciones de condiciones de trabajo y en la contratación. Y, aunque muchos de éstos aún estén pendientes del correspondiente desarrollo legislativo, los pilares están puestos.
Para eso sirven nuestras instituciones, para eso nuestras organizaciones empresariales.
Unas organizaciones que, a diferencia de las sindicales, no reciben subvenciones estatales sino escasas contrapartidas para órganos de representación y formación, simples compensaciones económicas que, además, no salen de los impuestos de todos los ciudadanos, sino de las cotizaciones a la Seguridad Social que abonan las empresas en cada nómina de cada trabajador por ese mismo concepto.